Misiones se convirtió en la primera provincia argentina en aprobar por ley el pasaporte sanitario en medio de la pandemia del coronavirus.

Lo deberán tramitar los que ingresen que la provincia y que además tendrán la obligatoriedad de realizar el aislamiento social preventivo. Si bien esto último lo están haciendo desde el primer día que empezaron a regresar los misioneros que están en otras provincias, ahora la medida tiene marco legislativo que la ampara.

Otra de las novedades que llegó con la pandemia son los túneles sanitizantes. De a poco empezaron a verse iniciativas de elaboración e implementación. La ley prevé la creación de "Puestos Sanitarios de Desinfección como medida de salud pública para la prevención y control de infecciones respiratorias agudas de alta transmisibilidad bajo vigilancia epidemiológica". El fin que es sean aplicables tanto sobre personas como sobre vehículos particulares, de carga comercial, de transporte de pasajeros, así como cualquier otro medio de transporte.

Los diputados provinciales de Misiones dieron sanción además a la ley que establece la obligatoriedad del uso de barbijos ante toda emergencia epidemiológica y sanitaria decretada por enfermedades respiratorias de origen multicausal.

"Lo que no está prohibido, está permitido", reza el slogan de la viveza criolla característica de la argentinidad al palo. Por lo que, priorizando la salud de toda la población, se vuelve necesario establecer por ley la "obligatoriedad del uso de elementos de protección facial que cubran nariz, boca y mentón, para todas las personas que permanezcan o circulen en la vía pública, lugares públicos, transporte público o privado de pasajeros, órganos del estado provincial, organismos de la constitución y otros espacios privados de acceso al público", según reza el primer capítulo de la norma.

Un punto importante es que se establecen multas para quienes incumplan, es decir, para los vivos o los olvidadizos que en tiempos de cuarentena salen de sus domicilios sin las medidas de protección necesarias. Una vez promulgada la ley, la autoridad de aplicación definirá el monto económico de las sanciones.